Dependiendo de dónde se encuentre, el que se acaba fue un año de transición, post-crisis, crisis o recuperación. Lo universal es que la situación mundial impactó como nunca antes en las operaciones locales y eso se tradujo en una merma en las ganancias para los estudios jurídicos de empresas.
Puede que las firmas de compañías hayan facturado lo mismo o más que en años anteriores, pero la cantidad de trabajo en estos casos habrá sido mayor y el monto individual de cada uno de ellos sustancialmente inferior a lo que supieron ser.
Básicamente y a nivel global, las compras, fusiones e inversiones dieron lugar a los litigios y renegociaciones, algo que, se sabe, dejan al final del recorrido y en promedio mucha menos caja.
En esa misma línea, los costos de reconversión de las estructuras (buscar un equipo de abogados litigantes, por caso) impactaron de una u otra forma en el negocio de los estudios jurídicos.
En paralelo, las universidades de todo el mundo siguieron fabricando abogados (algunas, mejor aun, formándolos); las matrículas abultándose; los contadores, escribanos, cademotos y hasta soluciones virtuales, compitiendo por espacios de actuación profesional.

Las grandes y medianas estructuras en, al menos, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, México, España y Estados Unidos fueron perdiendo profesionales que eligieron abrir sus propios despachos para morder un pedazo de la torta a costos menores que los que proponen sus antiguos empleadores.
En ese esquema, Internet comenzó a agregar valor en la profesión y le permitió a abogados independientes ubicados en zonas geográficas alejadas –esto incluye en términos económicos y financieros a las capitales de los países de nuestra región–, alzarse con clientes y operaciones a los que, de otra forma, jamás hubieran accedido.