Litigios complejos; juicios y reclamos contra el Estado; financiamiento interno; conflictividad laboral; cobranzas por aumento de morosidad; juicios contra empresas por daños ambientales; conflicto con el agro; restricciones a las importaciones, y cuestiones tributarias serán las principales áreas de la actividad jurídica durante 2010, según los resultados de un debate administrado desde el grupo Marketing de Abogados en la red LinkedIn.
Las respuestas preanuncian una vuelta a tribunales de los abogados corporativos y el afianzamiento de una tendencia signada más por el conflicto que por la negociación y el acuerdo.
Al ritmo del contexto normativo, pero también de las decisiones gubernamentales, la situación no sólo parece potestad de los abogados y estudios jurídicos argentinos, sino que se hace extensiva a buena parte de la región, en parte por los reacomodamientos políticos de las últimas tandas electorales (Chile, Uruguay, Bolivia), en parte por decisiones de las respectivas administraciones centrales (Argentina, Venezuela, Colombia), en parte por ejes nacionales de avance económico (Brasil, Chile, Colombia, Uruguay).
En este escenario, casi como si se tratara de una obligación de medios, los estudios jurídicos deberían arbitrar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de la demanda.
Esto implica, en buena medida, contar con los recursos necesarios para hacerle frente (equipo de litigio, por ejemplo); comunicar su existencia de manera eficiente, de forma de ganar la elección de compra del potencial consumidor de los servicios profesionales por sobre los de la competencia, y hacer esa actividad rentable.
Reunidas las tres condiciones anteriores, convendrá adentrarse en alguna de las áreas de trabajo señaladas en el primer párrafo. Caso contrario, la lógica económica indicaría todo lo contrario. Aunque, tratándose del negocio de la abogacía en América Latina, casi todo puede ocurrir.

Por Ariel Alberto Neuman
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